La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó el informe “Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto del COVID-19”.
El informe, preparado por la Oficina de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, analiza la forma en que las dificultades enfrentadas por estas personas se incrementaron significativamente debido a la pandemia del COVID-19 y a las medidas adoptadas por los Estados de la región para atender dicha pandemia.
La ausencia de un sistema democrático en Venezuela, violaciones sistemáticas a derechos humanos, escasez alimentaria, precariedad en los sistemas de salud, crisis eléctrica, violencia generalizada y colapso económico son algunas de las causas que ocasionaron que desde 2015 más de 5,1 millones de personas venezolanas se hayan visto forzadas a huir de su país.
Desde marzo de este año, debido a la pandemia, las fuentes de ingreso de esta población se vieron sustancialmente afectadas, debido en parte a que una porción mayoritaria y significativa de estas personas trabaja en el sector informal. Esto generó que miles de familias de migrantes y refugiados venezolanos fueran desalojadas, quedando sin hogar, y que miles de personas venezolanas emprendieron el retorno a su país.
Varios países de la región respondieron rápidamente a esta crisis y coordinaron esfuerzos para garantizar el retorno de migrantes y refugiados venezolanos a su país. Tal es el caso de Colombia y Brasil, que habilitaron corredores humanitarios en los pasos fronterizos.
A la fecha, se registraron aproximadamente 105.000 retornos desde Colombia y 6.000 desde Brasil, según cifras oficiales. No obstante, el cierre intermitente y arbitrario de la frontera colombo-venezolana y la criminalización del migrante retornado por parte del régimen ilegítimo, así como los tratos inhumanos que sufren a su regreso, agravaron la situación de vulnerabilidad de las personas que retornan y de las que esperan regresar a su país.
El informe señala que el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro desplegó múltiples acciones para estigmatizar, discriminar y criminalizar a las personas que retornan, violando el derecho a la honra y al reconocimiento de la dignidad humana.
Las personas venezolanas que buscaron regresar a su país de origen fueron catalogadas como “bioterroristas” y “armas biológicas” por Nicolás Maduro y otras autoridades.
Adicionalmente, las personas retornadas fueron sometidas a tratos inhumanos, crueles y degradantes. Un testimonio recogido durante la elaboración del informe indica: “Uno llega hasta la frontera colombiana y después pasamos al terminal de pasajeros, ahí duramos 6 días tirados en el suelo, comiendo lo poquito que cargábamos, porque en la cantina donde se compraba comida solo aceptaban dólares, nada de tarjetas. También nos daban una sola comida al día, después iba uno a un refugio y luego a hacernos los exámenes de salud que nos iban a hacer, al final llegamos a Barquisimeto, nos demoramos en todo el trayecto casi un mes”.
“Las acciones y pronunciamientos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro violan de forma clara los principios de derecho internacional y los derechos humanos en ellos consagrados. La actuación de las autoridades atenta contra la dignidad de las personas venezolanas que han decidido retornar a su país, dejando en evidencia, una vez más, su carácter dictatorial, ilegítimo y criminal, que se alimenta de la opresión, manipulación e instigación al odio”, manifestó David Smolansky, Comisionado del Secretario General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos.
Basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de la Secretaría General de la OEA insta a:
1. Que cese la discriminación, estigmatización y criminalización de los venezolanos retornados, garantizando su libre entrada al territorio venezolano y su libre desplazamiento dentro del territorio nacional;
2. Que se declare la nulidad de todos los actos administrativos que fueron dictados en violación de la Constitución, los tratados internacionales y de los derechos humanos en ellos garantizados;
3. Que se sometan a investigación por delitos de lesa humanidad a todos los funcionarios públicos que hayan ordenado y ejecutado dichos actos;
4. Que se proceda a indemnizar a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos y se establezcan políticas de inclusión para revertir el daño causado por los actos criminales del régimen de Nicolás Maduro;
5. Que la comunidad internacional ayude a visibilizar la situación en que se encuentran los venezolanos varados y a condenar la respuesta inconstitucional e ilegal del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro;
6. Que la comunidad internacional se una para ayudar a explorar distintas vías humanitarias para la protección de los venezolanos que están intentando ejercer el derecho a regresar a su país.
Fuente: Prensa OEA
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